Asunto 1: Presentada una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea sobre el caso de la asociación Pannagh.

Asunto 2: Los 150 kilos de marihuana supuestamente incautados a la asociación ya solo son 17.

1. Un europarlamentario pregunta a la Comisión Europea sobre la detención de miembros de Pannagh

El europarlamentario italiano Giusto Catania, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, además de autor del informe sobre política de drogas aprobado por el Parlamento Europeo en diciembre de 2004, ha presentado una interpelación escrita a la Comisión Europea acerca de la detención e imputación por presunto delito contra la salud pública de cuatro personas en relación con la plantación colectiva de marihuana de la Asociación de Usuarios/as de cannabis Pannagh de Bilbao. El texto íntegro de la pregunta presentada es el siguiente:
“Cuatro miembros de la asociación Pannagh, entre ellos su presidente, Martín Barriuso, fueron arrestados el 4/10/2005 en la localidad de Iurreta, España, bajo la acusación de cultivar marihuana con fines lucrativos. Dicha asociación forma parte de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) del estado español, en la cual Martín Barriuso desempeña el cargo de presidente. La asociación Pannagh es una entidad legal nacida en 2003, con el fin de profundizar en el estudio de la utilización del cáñamo y sus derivados con fines medicinales, científicos y culturales. Por otra parte, Pannagh es miembro del Consejo Vasco de Toxicodependencias1, órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales vasco. Entre las actividades de la asociación, el cultivo de cannabis desempeña un papel funcional para el logro de la finalidad de la asociación, y está destinado solamente al uso de sus propios miembros, sin ambición comercial alguna. Ante todo, la decisión de producir autónomamente está determinada por el deseo de no tener que recurrir al mercado negro y alimentar así el comercio ilegal de estupefacientes. Se recuerda que, según la ley española, el cultivo con fines no lucrativos está permitido. Este suceso, caso emblemático de un cuadro jurídico ambiguo y arbitrariamente interpretable, demuestra las incertidumbres a las que está sometida la actividad de las asociaciones que operan en dicho sector en España.
Teniendo el cuenta el hecho de que el arresto de los miembros de Pannagh viene a sancionar la finalidad de la citada asociación, ¿no considera la Comisión que el mismo ha comportado una violación del artículo 11, párrafo 2, de la Convención de Derechos Humanos, acerca de la libertad de asociación?
Teniendo en cuenta el hecho de que una de las prioridades de la Unión es la de promover la investigación científica, ¿no considera la Comisión que este suceso emblemático representa un fuerte menoscabo al principio de libertad de investigación, como aparece recogido en el artículo 13 de la Carta de Derechos Fundamentales?
Por otra parte, dado que la propiedad del cultivo se encuentra dividida entre los miembros de la asociación para el posterior uso personal de dichos miembros, ¿no considera la Comisión que tal situación representa una violación del principio expresado en el artículo 2, párrafo 2, de la Decisión Marco 2004/757 del 25/10/2004, acerca de las excepciones referentes al consumo personal, en aplicación de las normas mínimas concernientes a los elementos constitutivos de los delitos y a las sanciones en materia de tráfico ilícito de estupefacientes?”
La pregunta fue presentada la segunda semana de enero y actualmente se encuentra en trámite. Si la Comisión respondiera afirmativamente a alguna de las preguntas planteadas (es decir, si entiende que ha habido vulneración de derechos o principios recogidos por la Unión), se podría instar a España a que lleve a cabo las modificaciones o aclaraciones legales pertinentes.
Pannagh quiere expresar a Giusto Catania su agradecimiento por el interés que ha mostrado ante nuestro caso y por la iniciativa de presentar esta pregunta, ya que supone la primera iniciativa de tipo político a raíz de nuestra detención. Esta actitud contrasta vivamente con la pasividad de otras instancias políticas, como la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, cuya directora, Belén Bilbao, tenía conocimiento de nuestras actividades de cultivo colectivo desde mucho antes de nuestro arresto, a pesar de lo cual sigue callando ante una acción policial y judicial que, en buena lógica, debería denunciar, dado que va en contra de los planteamientos que su formación, Izquierda Unida, defiende públicamente.
Pannagh quiere denunciar públicamente la situación de incertidumbre en la que nos ha colocado la imputación por delito contra la salud pública. Nos encontramos inmersos en un proceso judicial en el que no ha habido prácticamente ningún avance en tres meses, privados del producto de nuestro trabajo (legítima propiedad de los miembros de la asociación, como bien recuerda Catania) y obligados en muchos casos a recurrir al mercado negro de cannabis para nuestro abastecimiento, mientras marihuana de calidad que podría servir a personas enfermas se deteriora en dependencias policiales. Consideramos por tanto que los únicos beneficiarios de esta situación absurda son las mafias que se enriquecen gracias al tráfico ilícito de cannabis, a las que la actual inseguridad jurídica en torno al autocultivo proporciona un enorme mercado cautivo que les procura beneficios multimillonarios mientras los consumidores que desean autoabastecerse, como en nuestro caso, somos criminalizados y expoliados.
Reclamamos asimismo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que cumpla sus promesas electorales en materia de drogas y que, visto que la producción y tenencia para el propio consumo están despenalizadas en el estado español desde 1974, aclare de una vez en qué términos y condiciones se puede llevar a cabo el abastecimiento de cannabis en circuito cerrado, a fin de acabar con la actual situación de inseguridad jurídica, incompatible con la existencia de un estado de derecho.

2. 150 kilogramos que no eran tales

Por otra parte, ya se conocen los resultados de la prueba pericial realizada a las plantas de cannabis incautadas a la asociación Pannagh, realizada por el laboratorio de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. En la misma aparece, entre otros datos, el peso total de dichas plantas, que asciende a 17,400 kg., es decir, alrededor del 10% del peso que fuentes de la Policía Municipal de Bilbao filtraron a los medios de comunicación el mismo día de la operación policial contra la asociación, que según ellos era de 150 kg. Desde Pannagh negamos en su día ese extremo, aclarando que las plantas estaban enteras y frescas y que dicha cifra debía dividirse, como mínimo, entre 10. Aunque consideramos que, debido a la presencia de ramas y otras partes no aprovechables de la planta, esta cantidad debería reducirse aún más, creemos que este dato pone de manifiesto la intención manipuladora y criminalizadora de la noticia filtrada, de forma totalmente ilegal, por miembros de la Unidad anti-droga de la Policía Municipal, que intentaron así colgarse una medalla ante la opinión pública, presentándonos como grandes y peligrosos traficantes.

Bilbao, 31 de enero de 2006.

1 Pannagh quiere aclarar que no forma parte del Consejo Asesor de Drogodependencias del Gobierno Vasco, dato erróneo incluido por Catania a causa de informaciones periodísticas inexactas.