En California, los locales de venta de marihuana se han convertido en escenario de una pulseada entre el gobierno de Estados Unidos y la comunidad de consumidores de la yerba con fines medicinales.
Decenas de dispensarios han sido forzados a cerrar, en una avanzada de las autoridades federales sobre un negocio hasta ahora regulado por leyes estatales.
Por carta, los ocupantes de los locales recibieron órdenes de clausura, so pena de ser sometidos a un proceso judicial por estar en violación de normativas federales. Con el ultimátum cumplido la semana pasada, muchos han cerrado sus puertas.
“Nosotros cerramos después de que amenazaran a quien nos alquila el local con hasta 40 años de cárcel por propiciar la venta de drogas peligrosas, cuando nosotros sólo vendíamos bajo receta. La realidad es que tenemos miedo”, relató a BBC Mundo Charley Pappas, responsable del dispensario Divinity Tree de San Francisco.
“El mayor problema es que el gobierno llegó a la Casa Blanca diciendo que iba a respetar las leyes que habían sido aprobadas por las legislaturas estatales. Esto ha cambiado en las últimas semanas. Cada día que voy a trabajar, no sé si a la noche volveré a casa o terminaré en una prisión. Y fue sin aviso y a mansalva, sin distinguir a dispensarios que estamos establecidos desde hace mucho tiempo”, agregó Steve DeAngelo, dueño de Harborside Health Center, el más grande del país, con más de 90.000 miembros registrados.
En 1996, California fue la primera juridicción en Estados Unidos en aceptar el cannabis como medicina, reconociéndole propiedades paliativas para enfermedades como cáncer, glaucoma, artritis y diversos cuadros terminales. Hoy otros 15 estados más el distrito de Columbia permiten el acceso a la yerba para pacientes que puedan certificar sus necesidades mediante orden médica.
Jurisdicción federal
Sin embargo, según la ley federal, la posesión o distribución comercial de la droga siguen considerándose ilegales. Su cultivo también está penalizado, salvo que sea para uso personal.
Los fiscales nacionales han justificado la avanzada sobre los dispensarios diciendo que la mayor parte de la industria está alimentada por “ventas ilegales a gran escala”. Según estadísticas de la Agencia Antinarcóticos, 72% de las plantas de cannabis decomisadas en el país en el 2009 provinieron de California y, en los últimos dos años, “ha habido una explosión en la producción” en este estado.
“Las ganancias extraordinarias de muchos locales de marihuana han generado un frenesí en la expansión y el marketing… Estos negocios están más interesados en maximizar sus ganancias que en tratar a personas gravemente enfermas”, señaló el fiscal californiano, Benjamin Wagner, en un comunicado recibido por BBC Mundo.
Según Wagner, los operativos están así orientados contra operaciones comerciales de marihuana y no son un ataque contra los pacientes que la consumen. “Hasta que nos ordenen lo contrario –señaló- continuaremos haciendo cumplir las leyes antinarcóticos federales”.
La operación tomó por sorpresa a muchos, después de que el presidente Barack Obama prometiera durante su pasada campaña que no avanzaría sobre lo que cada estado hubiera decidido en torno al uso médico de la yerba.
Al mismo tiempo, una decisión judicial en California dejó abierto el camino para que los distintos distritos tomen resoluciones por cuenta propia. Así, por ejemplo, el condado de Santa Bárbara decidió hace unos días prohibir por completo la operación de negocios a la calle.
“Los pedidos de dispensarios de instalarse en el condado generaron preocupación en la población. Hemos hallado problemas de cumplimiento de regulaciones por parte de algunos que están funcionando y no se va a considerar ningún pedido de inaugurar un negocio nuevo”, explicó a BBC Mundo Doreen Farr, integrante del consejo de supervisores de Santa Bárbara.
En espera
Obligados a acatar las restricciones, los dueños de los dispensarios ansían que el cese de operaciones sea sólo un compás de espera: varios han presentado recursos de amparo ante la Justicia, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales.
“Por mucho tiempo, el estado federal no interfirió aunque tuviera el poder de hacerlo. En los últimos 15 años, los estados han tenido libertad de implementar sus proyectos de ley sobre marihuana medicinal, por eso es inaceptable la ofensiva extrema que han lanzado ahora y nosotros lo llevamos ante la corte federal: necesitamos una respuesta política”, dijo a BBC Mundo Keith Stroup, asesor de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre Marihuana (NORML, en inglés), un lobby que defiende los intereses de los consumidores de cannabis.
En California, señala el abogado de NORML, las leyes avalan el uso medicinal de la marihuana y las requisas atentan contra la décima enmienda constitucional, que defiende el principio del federalismo y entrega competencias a los estados en todo aquello que no quede expresamente bajo la órbita del gobierno central.
“La decisión de a quién controlar corresponde a las autoridades locales, y los hechos muestran que la mayoría de las redadas se han hecho contra dispensarios que funcionan legalmente y tienen un historial impecable”, consideró ante BBC Mundo Kris Hermes, portavoz de Americans for Safe Access, un grupo que promueve el uso médico y la investigación en torno a esta droga.
Según los datos que manejan, en California existen unos 1.000 dispensarios que sirven a más de 500.000 pacientes: casi 2% de la población total de la región.
Cooperativas
Para conseguir su habilitación, estos centros de distribución debieron cumplir con una serie de normas, como las de funcionar sin fines de lucro o bajo el modelo de cooperativas, en las que los pacientes pueden comprar sólo marihuana cultivada por otros miembros del colectivo.
Cualquier residente del estado puede recurrir a un médico que, si lo considera, certificará que necesita utilizar la yerba por cuestiones de salud.
“Tenemos mucho control de quiénes son nuestros pacientes registrados, medidas para evitar la reventa (como no vender una prescripción para un individuo fraccionada en partes) y tenemos una buena relación con los vecinos y la policía, que quiere que estemos funcionando porque de lo contrario tendrían que vérselas con un incremento del tráfico ilícito”, aseguró a BBC Mundo Lynnette Shaw, dueña de uno de los dispensarios más antiguos del estado, el Marin Alliance de Fairfax.
Los que encabezan la cruzada a favor de la marihuana medicinal consideran que los mayores perjudicados serán los pacientes.
“El cannabis hace una gran diferencia para mi supervivencia, para paliar los efectos de las medicinas que tomo, para comer sin náuseas, para poder dormir… Si nos quitan la medicina, ¿qué se supone que vamos a hacer? Nos están mandando de vuelta a las calles, donde no sabemos qué es lo que estamos comprando”, indicó a BBC Mundo Richard Kearns, quien padece SIDA, tiene un pronóstico de vida de dos años y permiso oficial para usar regularmente la sustancia.
Recreación prohibida
Pero lo cierto es que hacerse de una tarjeta de paciente no resulta difícil, con un repertorio de médicos que ha visto en ello una oportunidad de lucro y con locales de distribución que “hacen la vista gorda”, según reconocen. En una visita a un dispensario de Los Angeles, BBC Mundo fue referido “a un doctor que certifica sin hacer preguntas”, según el administrador del lugar, que se negó a ser identificado.
“Yo la conseguí fácil. Me hace bien, no me puedo considerar una paciente aunque tampoco diría que la uso indebidamente. Sí, cierto que no es lo que dice la ley…”, reconoció Marybeth, una puertorriqueña clienta del lugar, que pidió reserva del apellido.
El uso recreacional no autorizado de la droga ha sido uno de los problemas por los que los dispensarios han quedado en la mira del gobierno. Aunque, para los voceros de los locales, la cuestión excede su responsabilidad.
“Nosotros controlamos que todos tengan recomendación médica y los hacemos unirse a la cooperativa. ¿Que hay médicos inescrupulosos y gente que consigue la recomendación sin necesitarla? Seguro. Pero no es cuestión de los dispensarios dilucidar quién tiene necesidad médica y quién no”, indicó DeAngelo.
La disputa es parte de un debate de larga data en torno al cannabis, en el que algunos propician controles mayores y, en el otro extremo, están quienes abogan por la despenalización lisa y llana.
Por el momento, lo que ha ocurrido en California ha adquirido estatus de “política de salud pública fallida” –según un informe reciente de la Asociación Médica estatal- y todos coinciden en que difícilmente vaya a alcanzarse pronto un consenso que saque al cannabis del ojo de la tormenta.
Visto en BBC Mundo.
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